Un total de 213 familias de Córdoba tuvieron que abandonar sus viviendas en el segundo trimestre del año, según los datos publicados ayer en el informe de Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales publicado por el Consejo General del Poder Judicial. La cifra refleja un incremento del 52,1% respecto al mismo periodo del año pasado, en el que se registraron 140 lanzamientos con cumplimiento positivo, y del 39,2% respecto al primer trimestre del 2018, cuando se contabilizaron 153. Según la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane), una de las que trabaja de forma más activa en la paralización de desahucios en Córdoba, «la gente tiene la impresión de que ya no se producen desalojos, pero esa no es la realidad, muchas familias no llegan a pedir ayuda por vergüenza o porque no aguantan la presión y se acaban yendo». En lo que va de año, Anfane, una entidad que no recibe ninguna ayuda pública, ha logrado paralizar 86 ejecuciones hipotecarias a través de acuerdos con los bancos para ofrecer alquiler social o aplicar el código de buenas prácticas y otras 37 están activas en vías de negociación. Entre 2015 y 2017, solo Anfane logró paralizar 663 lanzamientos, contribuyendo al descenso del número de desahucios en Córdoba, recuerdan. Anfane denuncia además que se está denegando justicia gratuita para reclamar cláusulas suelo o gastos de hipoteca a personas que deberían ser beneficiarias. «Si tienes más de una propiedad, no tienes derecho a justicia gratuita, pero se considera segunda propiedad un trastero o una cochera si se registró de forma independiente a la vivienda». Estos casos, según detallan, se están recurriendo «pero suponen un retraso en el proceso de ocho meses hasta que se resuelve, generalmente, a favor del que reclama ese derecho».         ENLAZAR CON MÁS INFORMACIÓN DE ARACELI  R. ARJONA DESDE DIARIO DE CÓRDOBA