El decreto que prepara Susana Díaz con el silencio de su socio de derecha, Ciudadanos, podría suponer indefensión para los andaluces por falta de garantías judiciales. El Gobierno de Susana Díaz está terminando un decreto que le permitiría nombrar a dedo a un empleado público, donde la oposición dicen que hay miles de ‘enchufados’, para que actúen como peritos judiciales para auxiliar a los tribunales incluyendo los juicios en que la propia Junta esté implicada, tenga interés o sea parte. De esta forma peritos de la Junta darían este servicio en los juzgados andaluces incluso en casos de corrupción que afecten al partido en el gobierno. Hasta ahora, el ejecutivo de Díaz otorgaba contratos de servicios para las peritaciones judiciales en cada provincia y algunos juzgados “rebeldes” designaban a profesionales al margen de lo que la Junta les indicaba. Con el sistema pensado por el Gobierno de Susana Díaz para nombrar a peritos, podrían ser los que “más convenga” al interés de la propia Junta. De esta forma un “enchufado” de un partido en el poder de la Junta, en este caso el PSOE-A de Susana Díaz, podría decidir sobre casos de corrupción que afecten a la Junta, gobernada por el partido que lo ha, supuestamente, “enchufado”. Este sistema del Gobierno de Susana Díaz puede vulnerar el derecho fundamental de los andaluces a tener un proceso judicial con todas las garantías.     ENLAZAR CON MÁS INFORMACIÓN DE DANIEL BELLACO DESDE DIGITAL SEVILLA